LA LEGISLACIÓN Y EL PUEBLO:

Resulta paradójico que los gobernantes del estado español hagan referencia continua al marco de la legalidad establecida en la legislación de mayor rango, es decir la Carta Magna o Constitución, cuando hacen referencia al soberano deseo de todo un pueblo, Catalunya, de poder expresar democráticamente su determinación a mantenerse como ciudadanos españoles o bien a ser reconocidos como identidad propia e independiente.

Y me parece paradójico porque no muestran la misma determinación cuando ellos, han violado y violan sistemáticamente los artículos 35 y 47 de la misma Carta Magna sin que nadie les reclame las responsabilidades derivadas de su incompetencia y mala praxis que nos han conducido a que más del treinta y cinco por ciento de la población a la que deberían gobernar, por la que deberían velar y a la que deberían representar, viva en una situación crítica, sin trabajo y en muchos casos sin hogar o con serias dificultades para poder soportarlo.

Según definió Gaius, “la ley es lo que el pueblo manda y establece” y según Santo Tomás “es la ordenación de la razón dirigida al bien común” por lo tanto ambos supeditan la existencia y aplicación de la legislación a la voluntad soberana del pueblo y a la simple aplicación de la lógica y la razón.

Siendo así, cuando se produce una muestra de tamaña envergadura como la que tuvo lugar el pasado día once, el poder legislativo tiene la obligación de utilizar las herramientas de las que dispone, en este caso la abrogación, subrogación o derogación con el propósito de permitir al pueblo (a quién sirven las leyes y nunca al revés) por lo menos a expresar libremente su voluntad. Otra cosa será que una vez conseguido ese derecho, el resultado se tenga en consideración… pero esa ya será otra historia. 

SERGEI.